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Boletín de prensa 14 de septiembre de 2011
EL TIEMPO
'EL CORONEL PLAZAS ES UN HÉROE NACIONAL': COMANDANTE DE LAS FF. MM.
Plazas apeló la condena que le impusieron: 30 años de prisión.
El general Alejandro Navas dijo que confía en la inocencia de Alfonso Plazas en el caso del Palacio.
El Comandante de las Fuerzas Militares, el general Alejandro Navas, calificó al condenado coronel Alfonso Plazas Vega como un héroe nacional y dijo que confía en su inocencia en el caso del Palacio de Justicia.
Navas sostuvo que aunque el caso del oficial en retiro --condenado a 30 años de prisión por los desaparecidos del Palacio-- está en manos de la Justicia, él "es un hombre que defendió la democracia del país que tiene el apoyo de los militares de Colombia por espíritu de cuerpo y por dignidad".
En entrevista con Yamid Amat, el general Navas dijo que los oficiales "llevan al cementerio a sus hombres cuando mueren en combate, al hospital cuando caen heridos, los acompañan cuando caen en desgracia y los visitan en la cárcel".
"Apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior la confianza de que él es inocente, y así será hasta que no se demuestre lo contrario en los Tribunales de Colombia", añadió.
En la entrevista con Yamid Amat, el comandante de las Fuerzas Militares también respaldó la reforma a la Justicia Penal Militar y dijo que están estudiando las recomendaciones que harán para esa reestructuración.
Al conocerse las declaraciones, el abogado Rafael Barrios, representante de las víctimas de la retoma del Palacio, dijo que ese pronunciamiento se suma a una serie de presiones que se han venido registrando en los últimos días y que ponen en peligro la independencia de la Justicia.
"Esa es una intimidación a los jueces, no van a poder decidir con tranquilidad. Lo que pretenden es victimizar a Plazas para presionar a los jueces", añadió.
A su turno, el ex presidente de la Corte Constitucional e integrante de la Comisión de la Verdad, el magistrado Nilson Pinilla, dijo que no se puede presionar a la justicia ni generar prevenciones sobre el proceso.
"Este caso ha tenido todas garantías. Si es declarado inocente o ratificada la condena es decisión del Tribunal. Hay que dejar actuar a la Justicia", sostuvo.
El abogado Jorge Molano, representantes de las víctimas, dijo que es "inadmisible que una persona condenada por un delito como la desaparición de personas, sea considerada un héroes nacional". Coincidió en que ese tipo de pronunciamientos pretenderían interferir en la decisión del Tribunal.
El caso del coronel Plazas Vega lleva un año en el Tribunal Superior de Bogotá en espera de definir una apelación interpuesta por su defensa. Hace un semana, ese tribunal negó por cuarta vez la solicitud de libertad para el oficial en retiro.
HUNDIDO REFERENDO CONTRA VIOLADORES, PERO PROMOTORES TIENEN 'PLAN B'
Aunque Comisión Primera de Cámara decidió archivar la iniciativa, podría haber convocatoria directa.
Los promotores del referendo de cadena perpetua para violadores de niños se niegan a dejar morir la iniciativa. Este martes, tres horas después de que el Congreso hundiera el proyecto que convocaba al mecanismo popular, activaron su plan B.
La senadora Gilma Jiménez, vocera del comité promotor de este referendo, les advirtió a quienes están en contra de la iniciativa, que ahora "comienza otra fase de esta causa", que busca castigar hasta con cadena perpetua a quienes violen a menores de 14 años.
Según la congresista del Partido Verde, la Ley, cuando un referendo se ha hundido en el Congreso, les permite a sus promotores conseguir las firmas que representen el 10 por ciento del censo electoral para presentar la iniciativa de manera directa, sin pasar por el Legislativo.
Por eso antes de las cinco de la tarde, el Comité radicó en el despacho del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, una carta en la que le preguntan cuántas firmas más deben conseguir para completar ese 10 por ciento.
De completar más de 3 millones de firmas que requieren, los promotores de esta iniciativa pueden convocar de manera directa a los colombianos para que aprueben o nieguen el proyecto de ley que convoca el referendo contra los violadores.
Esta vía está prevista en el artículo 32 de la Ley 134 de 1994 y, de ser exitosa, llevaría a los colombianos a votar dos referendos para que los violadores de niños paguen su crimen con cadena perpetua: uno para aprobar el proyecto de ley que lo convoca, y otro para reformar la Constitución en ese sentido.
La activación de este plan B se dio luego de que la Comisión Primera de la Cámara, con 14 votos en contra y 10 a favor, decidió archivar el proyecto de ley que convocaba al referendo de prisión perpetua.
La decisión estuvo motivada, entre otras razones, por el concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal, que consideró que la implementación de la cadena perpetua es desproporcionada con la política criminal del país y que la iniciativa era "populista".
Adicionalmente, se advirtió sobre un posible vicio de inconstitucionalidad, ya que la pregunta que se les hizo a las casi dos millones de personas que firmaron apoyando la radicación del proyecto de ley, fue modificada en el Senado.
En las planillas que firmaron los colombianos decía que para los violadores de niños "procederá" la cadena perpetua, y el Senado cambió esta expresión por "podrá aplicar" la prisión de por vida.
Con esta, ya son dos las ocasiones en las que a esta iniciativa se le trunca el camino. Un proyecto de ley anterior, también promovido por la senadora Jiménez, superó su trámite en el Legislativo pero la Corte Constitucional consideró que hubo vicios de forma.
El principal argumento del alto tribunal fue que el Congreso cambió la pregunta que se les había hecho a los firmantes.
Jiménez dijo que "el gran temor que hay es justamente que prospere una iniciativa popular, que quede el antecedente que el pueblo colombiano puede modificar su propia Constitución, eso es lo más legítimo en una democracia participativa, que tanto dicen defender en lo retórico, pero que en la práctica impiden".
Cómo será el proceso
Los promotores del referendo de prisión perpetua para violadores quedaron ayer a la espera de que el Registrador Nacional les diga cuántas firmas más deben conseguir y la fecha en las que las deben entregar para su verificación.
Este número, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 134 de 1994, no puede ser inferior al 10 por ciento del Censo Electoral, es decir 3'078.585 firmas.
Según Alfonso Prada, representante a la Cámara del Partido Verde, luego de que se revisen las firmas y se compruebe que alcanzan este 10 por ciento, el registrador debe remitir este proceso a la Corte Constitucional para que verifique su exequibilidad.
"Una vez la Corte verifique que está bien, lo regresa al Registrador, quien lo remite al Gobierno Nacional para que convoque el referendo en el que se preguntará si el pueblo aprueba o niega el proyecto de ley", explicó.
La Ley 134 de 1994, la cual regula los mecanismos de participación popular, otorga un plazo de 6 meses para que los promotores de este tipo de iniciativas recojan las firmas.
De acuerdo con Prada, de ser aprobado el proyecto de ley, se debe convocar de inmediato el referendo que reformaría el artículo 34 de la Constitución, y que implementaría la prisión perpetua en Colombia.
EL PRESIDENTE NO PODRÍA NOMINAR ALGUNOS CARGOS SI ES REELEGIDO
Así lo plantea un proyecto del Partido Liberal que busca mantener el equilibrio de poderes.
El director del Partido Liberal, Rafael Pardo, explicó que su colectividad prepara un proyecto de ley para garantizar el equilibrio de poderes si un mandatario aspira a la reelección, por lo que se propondrá que el Jefe de Estado no pueda nominar o ternar candidatos para algunos cargos públicos.
Pardo, quien aseguró que su partido apoyaría la reelección del presidente Juan Manuel Santos, advirtió que la iniciativa ya está siendo socializada con los congresistas y se presentará a estudio en la Mesa de Unidad Nacional.
“El Jefe de Estado presenta una parte de las ternas para Corte Constitucional, un candidato para la Procuraduría y presenta todos los candidatos para la junta del Banco de la República, por lo que consideramos que cuando hay gobiernos en reelección, o sea de 8 años, esas nominaciones no deben recaer en la cabeza del Presidente”, precisó Pardo.
El director del liberalismo agregó que de no quitarle esas funciones nominadoras al Presidente en un segundo mandato afecta el equilibrio de poderes.
“Las posiciones en esos órganos, que son independientes, se concentrarían en esas personas presentadas por el Jefe de Estado”, señaló Pardo.
De otro lado, Pardo defendió la nueva fórmula que implementará el Gobierno para medir la pobreza en el país. Dijo que el vicepresidente, Angelino Garzón, debe tener en cuenta que es una medición técnica.
“Lo dicho por el vicepresidente son declaraciones que tienen que ver con valoraciones sobre la situación de las personas, pero estas mediciones se hacen con razones y motivos técnicos universalmente aceptados”, precisó Pardo.
Agregó que “no quiere decir que se estén graduando de ricos a personas que ganan más de $700 mil. (…) Por supuesto personas que tienen ingresos mayores de eso pues están en circunstancias de pobreza, pero son medidas que tienen un efecto técnico para determinar las prioridades y focos de atención del Estado”.
PLAN B PARA REFERENDO CONTRA VIOLADORES
Los promotores del referendo de cadena perpetua contra violadores de niños se niegan a dejar morir la iniciativa.
La senadora Gilma Jiménez, autora del proyecto, explicó que cuando un referendo se hunde en el Congreso, la ley les permite a sus promotores conseguir las firmas que representen el 10 por ciento del censo electoral para presentar la propuesta de manera directa, sin pasar por el Legislativo.
Por eso, ayer mismo el comité le pidió a la Registraduría que le diga cuántas firmas más debe conseguir para tener ese 10 por ciento.
De completar las firmas requeridas (más de 3 millones), puede convocar de manera directa a los colombianos para que aprueben o nieguen el proyecto de ley que cita al referendo.
Esta vía está prevista en el artículo 32 de la Ley 134, de 1994 y, de ser exitosa, llevaría a los colombianos a votar dos referendos para que los violadores de niños paguen su crimen hasta con cadena perpetua: uno para aprobar el proyecto de ley que lo convoca, y otro para reformar la Constitución en ese sentido.
Este plan B se presentó luego de que la Comisión I de la Cámara decidiera archivar el proyecto basándose, entre otras razones, en el concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal, que
PROCURADURÍA DENUNCIA FALLAS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER
Dice que 90% de IPS que prestan servicios de quimioterapia no tienen registro del INVIMA.
La Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió a la Fiscalía investigar las irregularidades encontradas.
Después de verificar la actuación la gestión de las entidades públicas encargadas de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre las IPS que prestan servicios farmacéuticos, la Procuraduría encontró que las 390 IPS que prestan servicios de quimioterapia a nivel nacional funcionan sin haber sido certificados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Incluso, se estableció que en varios casos el Invima realizó las visitas y encontró que las IPS no cumplían requisitos, y si bien no les expidió certificación, tampoco aplicó la medida sanitaria de cierre temporal o definitivo como era su obligación en su condición de agencia sanitaria con funciones de inspección, vigilancia y control sobre dichos centros de quimioterapia, permitiendo que continuaran funcionando en condiciones fuera de la ley.
La actuación se originó en una queja interpuesta por una joven de 18 años, quien manifestó tener dudas acerca de la calidad del tratamiento que estaba recibiendo para un cáncer denominado "linfoma de Hogdkin", ya que después de 10 sesiones de quimioterapia no se habían generado los efectos secundarios propios (tales como caída del cabello) y además no había evolucionado hacia la curación como se esperaba.
Según la procuradora delegada María Eugenia Carreño Gómez, una vez culminada la actuación preventiva evidenció que, la alarmante situación genera riesgos a los pacientes diagnosticados con cáncer que deben recibir tratamientos para esta enfermedad.
La Procuraduría cuestionó al INVIMA por haber sido selectivo en la aplicación de las medidas sanitarias a las IPS que no cumplen con las exigencias legales, aplicando medidas sanitarias de cierre a algunas y permitiendo a otras continuar funcionando.
Esto ha llevado a que muchas EPS, tanto del Régimen Contributivo como Subsidiado, han podido contratar tratamientos de quimioterapia para sus afiliados, con centenares de IPS que no poseen una certificación del INVIMA, dice el informe
El Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, con quienes se coordinaron las primeras acciones, ya tienen copia del informe final de actuación preventiva preparado por la procuradora Carreño Gómez en el cual, además de un completo análisis sobre la crítica situación, presenta recomendaciones tendientes a mejorar la calidad de los servicios médicos a los pacientes de cáncer en Colombia.
EL FUERO MILITAR
Por: Alfonso Gómez Méndez
Sin ninguna duda, el fuero militar, en los términos señalados en la Constitución Nacional, es necesario.
Algunas equivocaciones llevaron a que comenzara a deslegitimarse la figura del fuero militar. Por diferentes vías están otra vez en el debate público, además del fuero, la necesidad y características de la justicia penal militar, casi en todas partes establecida para la investigación y juzgamiento de faltas y delitos cometidos por militares en servicio.
Durante todo nuestro desarrollo constitucional ha existido y existe esta fórmula: "De los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares...".
Sin ninguna duda, el fuero militar, en los términos señalados en la Constitución Nacional, es necesario. En memorable discurso pronunciado en 1958 en el Teatro Patria, justo al término de una dictadura militar, Alberto Lleras fijó los alcances, límites y justificación del fuero penal militar. Fue un error que el ex presidente Uribe, como jefe de Estado, planteara en Centroamérica la "necesidad" de suprimirlo.
Las equivocaciones cometidas -sobre todo en épocas de estado de sitio- llevaron a que comenzara a deslegitimarse la figura del fuero militar. No estuvo bien que en una época se extendiera a civiles, con la consecuencia de que la mayoría de esos fallos terminaban siendo anulados por la Corte Suprema de Justicia, lo que determinó que la nueva Carta Política excluyera claramente la justicia penal militar para los civiles.
Se aplicó en otras épocas, para delitos que nada tenían que ver con el fuero propiamente dicho, como el secuestro, la extorsión y hasta el tráfico de estupefacientes.
No convino tampoco algo que hoy es asunto del pasado: que los integrantes de la justicia militar estuvieran sometidos a la línea de mando (el comandante de las Fuerzas Militares era el presidente del Tribunal Superior Militar).
Una mal entendida solidaridad de cuerpo condujo a decisiones que el país, razonablemente, tenía como muestras de impunidad.
También hizo carrera la equivocada tesis de que respetar los derechos humanos y avenirse al derecho internacional humanitario impedían a la Fuerza Pública obtener resultados contra la guerrilla y demás organizaciones criminales. Nunca se ha procesado a un militar por matar a un guerrillero en combate.
Mucho daño le hizo a la institución del fuero la posición hace varios años adoptada por el Consejo de la Judicatura cuando se excedió en considerar los más extraños casos (incluida la violación) como actos del servicio.
Hoy convendría acoger ciertos lineamientos generales para mantener y aun fortalecer el fuero penal militar: su ámbito de aplicación debe ser el establecido, como antes se citó, en la propia Constitución Nacional.
En este sentido, en sentencia C-358, la Corte Constitucional señaló unos criterios para la comprensión misma del concepto "acto del servicio".
Con idéntico fin, podría pensarse en un proyecto de ley estatutaria, previa y ampliamente debatido en las universidades con estamentos militares y de policía. Esa norma debería superar tanto los excesos del pasado como las aparentes restricciones del presente. Así, por ejemplo, la muerte del joven grafitero bogotano, ocasionada por acción de otro novel patrullero de la policía, debería ser de competencia de la justicia penal militar, pues, siendo doloroso, a todas luces no se trata de un delito de lesa humanidad ni de dolosa violación manifiesta de los derechos humanos. Puede ser el típico "acto del servicio" con ribetes de impericia o imprudencia.
El hoy Tribunal Superior Militar, integrado por un selecto grupo de oficiales, hombres y mujeres, abogados con formación militar y pertenecientes a todas las fuerzas, bien podría empeñarse en una tarea urgente: recuperar el prestigio de la Justicia Penal Militar. En todo caso, todo cuidado será poco al trasladar, sin análisis, el sistema acusatorio, cuyas falencias han sido señaladas por la propia Fiscal General.
¿INNECESARIA E IMPOSIBLE?
Por: Víctor Manuel Ruiz
No es volviendo pedazos el ordenamiento institucional de la Justicia como van a salvarse escollos tan grandes como la congestión, la impunidad y la corrupción judiciales.
No es por aguar la fiesta que avanza en el Capitolio, a instancias del Gobierno y con las altas cortes como invitadas de honor (¿también de última hora?), pero, a juzgar por cuanto allí está ocurriendo alrededor de la pretendida reforma dizque "integral" de la Justicia, y habida cuenta de lastimosas experiencias en idéntico sentido, es prudente recordar el viejo dicho popular, aplicable a situaciones difíciles: aun cuando habría derecho a esperar lo mejor, conviene también ir alistándose para lo peor.
De unos años a esta parte los gobiernos tienen en la expresión "reformar la Justicia" un caballito de batalla, solo para montarlo, con enorme algarabía, en una carrera desenfrenada hacia el abismo del fracaso y la derrota. ¿Por qué? Porque como la calentura no está en las sábanas, no es volviendo pedazos el ordenamiento institucional de la Justicia (por el simple prurito de "legislar") como van a salvarse, ahora ni nunca, escollos tan grandes como la congestión, la impunidad creciente y la corrupción judiciales.
Vamos al grano. Exceptuando la estorbosa Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Asamblea Constituyente de 1991 introdujo instituciones y mecanismos de comprobada eficacia (ejemplo, la Fiscalía, la acción de tutela), de modo que la Rama Judicial está regulada hoy por suficientes, quizás demasiados, patrones constitucionales, legales, reglamentarios, jurisprudenciales y doctrinarios. Por tal razón, carece de sentido embarcarse nada menos que en otra reforma de la Carta por vía legislativa si, como es evidente, no se han mostrado sólidos fundamentos, razones inaplazables, urgencias imperativas ni menos el escenario adecuado para llevarla a cabo con buen éxito.
Antes bien, empeñado en tan atávica "reformitis", el Gobierno presentó un proyecto de acto legislativo antitécnico, innecesariamente extenso y abigarrado, pero no más que el radicado en seguida (increíble!) por el mismísimo Consejo de Estado, al punto de que cuanto el Congreso tiene a examen son dos farragosos listados, a lo sumo parecidos a proyectos de ley estatutaria, nunca reformatorios de la Constitución, que solo consagran principios generales y concretos, esenciales para la estructura institucional del Estado, no su desarrollo, deferido a la ley.
Y si a tamaña precariedad constituyente se le suman los surtidos "destellos jurídicos" que ya han empezado a empujar, en el trámite de la reforma, algunos parlamentarios, no es difícil vaticinar que si el Gobierno (según lo sugiere Pedro Medellín, analista de quilates) no retira su proyecto, y descontando que las Cámaras privilegiarán el pernicioso "¿cómo voy yo ahí"?, tanto bombo se traducirá en otro canto a la bandera, verbigracia: lejos de eliminarse, la Sala Disciplinaria de la Judicatura será robustecida con nutrida burocracia para seguir "juzgando" a satisfacción de sus electores, los congresistas; los magistrados de las altas cortes tendrán período de 12 años con retiro forzoso a los 70, y (¡oh conquista!) habrá segunda instancia en el juzgamiento de parlamentarios.
Por eso repregunto: ante un horizonte tan poco halagador como el que avizora la Rama Judicial, ¿es admisible que al país se lo engolosine con una reforma en su mayor parte innecesaria y casi con seguridad imposible?
En fin, que habrá tiempo para analizar en detalle cómo en este juego tripartito de toma y dame entre Gobierno, Congreso y cortes no se conseguirá fortalecer la Justicia, ni atemperar el fementido "choque de trenes", ni disminuir la impunidad, ni menos garantizar la descongestión judicial.
Los intereses congresales solo coserán una colcha de retazos variopinta e inservible. Ojalá me equivoque. Pero si no, ya lo veremos.
EL ESPECTADOR
GENERAL NAVAS SALE EN DEFENSA DEL CORONEL (R) ALFONSO PLAZAS VEGA
El comandante de las Fuerzas Militares dijo que cree en el oficial, procesado por la Toma del Palacio de Justicia.
General Alejandro Navas.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, manifestó su respaldo al coronel retirado Alfonso Plazas Vega, detenido por las desapariciones tras la toma del M-19 al Palacio de Justicia, en 1985.
Según el alto oficial, Plazas Vega "defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad".
"Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente", agregó, al aclarar que su pronunciamiento en ningún momento se constituye en un llamado a la justicia. "Esto no es ninguna presión", aseveró.
En entrevista en el programa 'Pregunta Yamid', el general Navas calificó de "héroe nacional" al coronel retirado y privado de la libertad, al tiempo que consideró necesario estudiar el proceder de la justicia ordinaria cuando se trata de juzgar actos castrenses.
TEMAS CON REPERCUSIONES
Por: Hernán González Rodríguez
Estimo que en Colombia estamos soslayando algunos temas cuyas repercusiones futuras para la convivencia y el nivel de vida de nuestros hijos resultan ser innegables. Entre ellos, la Paternidad Responsable y la Edad de Retiro o de Jubilación.
Tiene uno que ser muy miope para no aceptar que los niveles de pobreza de Colombia en amplios sectores de la población mejoran muy levemente, si es que acaso mejoran. Que nuestra población no está bien distribuida espacialmente y, como consecuencia de ello, numerosos problemas sociales resultan imposibles de solucionar en grandes concentraciones urbanas. Y que el crecimiento de la población está muy concentrado en sectores exageradamente marginados, de difícil incorporación al progreso y, por tanto, caldo de cultivo para el terrorismo.
Con motivo de los estragos del invierno y los desplazamientos, con relativa frecuencia proyecta nuestra televisión el caso doloroso de madres jóvenes con dos o más hijos, todos de padres diferentes e irresponsables; es decir, familias miserables abandonadas a su suerte, por lo general. Lo mismo observamos quienes tenemos alguna relación con los sectores marginados.
Numerosos presidentes, congresistas, políticos y sacerdotes, suelen sintonizarse con estos desventurados para exigir, y exigir, subsidios del Estado y ayudas del sector privado. Aceptamos que lo hagan; pero nos extraña que casi nunca hablen o, peor aún, apoyen en forma efectiva los programas de Paternidad Responsable. Se concentran más en combatir los efectos de la pobreza que sus causas. Casi todos ellos eluden su responsabilidad en estos temas.
Recordemos algo sobre lo cual ha insistido esta columna, (1) que más del 50% de los niños que nacen en Colombia no son deseados y, (2) que la tasa de fertilidad parece haberse elevado a la fecha de 2,2 hijos por mujer durante su vida fértil, a cerca de 2,4 como consecuencia de que mientras más hijos se presenten, mayores son los subsidios recibidos del Estado o del sector privado.
Entiendo que en algunos países, cuando acude hoy una angustiada madre soltera con dos o más hijos a solicitar los servicios de salud estatales, el Estado le plantea medidas para evitar que continúe procreando niños sin posibilidades de una vida digna. Aplican tales gobiernos las tecnologías médicas existentes, sin necesidad de realizar abortos. Así mismo, los subsidios estatales o privados los limitan a dos hijos.
Espero que quienes se oponen a toda causal de aborto, no se opongan también a aplicar la tecnología científica existente para promover la Paternidad Responsable.
El gasto en pensiones es manejable a la fecha, pero se estima que en cuatro o cinco años, con los colombianos retirándose a los 60 años en promedio y con unas esperanzas de vida de unos 20 años adicionales, no habrá finanzas públicas que resistan. Quienes tienen buena salud deben laborar unos cinco años más antes de retirarse. Como jubilado, estimo que poder continuar trabajando es una bendición del Cielo.
Si resultare ser cierto que los cambios climáticos extremos llegaron para permanecer, aceptemos que para numerosas familias vivir se limitará a sobrevivir dichos cambios. Que la economía colombiana no resiste las reconstrucciones anuales, ni las reparaciones de millones de víctimas, ni las jubilaciones generosas y generalizadas, ni la salud de calidad para todos…
LEY Y DESORDEN
Por: Pascual Gaviria
Nadie podrá decir que Colom - bia no ha buscado instrumentos jurídicos para intentar sacar del monte a guerrilleros, paracos y mafiosos a secas.
Desde los decretos de sometimiento a la justicia que se dictaron en el Gobierno Gaviria para la entrega de Pablo Escobar y su gente, en una negociación de tú a tú con el Estado, las reglas para acomodar el derecho penal a las expectativas de paz y las realidades de guerra se han repetido sin descanso. Para no aburrir demasiado mencionaré las de la última década. La ley 782/02 se encargaba de prorrogar un intento firmado en una ley de 1997 al que era necesario darle tiempo. Vale la pena señalar su objeto, que se repetirá como un salmo en todas las leyes de su estilo: “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica”. Algún ocioso debería recuperar las sesiones en el Congreso para ver repetidas las discusiones cada cinco años: renovada la vehemencia y las corbatas.
Luego, ya con los paramilitares conversados, vendría la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Se discutió mucho para lograr un mecanismo más presentable que el machetero —perdón la expresión— proyecto de Alternatividad Penal que había propuesto el Gobierno Uribe. Se trajeron expertos internacionales, habló la ONU, la OEA y con seguridad algo dijo Baltazar Garzón. Se logró acuerdo político en Colombia y se pasaron raspando los listones internacionales. La Corte Suprema y la Corte Constitucional terminaron de hacer los ajustes y la ley recibió una bendición condicionada. Una bonita expresión adornaba los manuales de aplicación y los discursos: “justicia restaurativa”. Pero los fallos de las Cortes dejaron por fuera de la “justicia restaurativa” a 19.000 combatientes rasos de las Auc. Y los muchachos amenazaban con volver por sus fierros. Se mandó un mensaje de urgencia al Congreso que, muy diligente, aprobó la ley 1424/10. El Gobierno le montó los decretos respectivos y parecía que luego de cinco años la Ley de Justicia y Paz estaba completa. Pero no, ahora resulta que ya no sirve. Quedó mal hecha. La fiscal general presentará un proyecto para modificarla. Parece que sólo busca agilizar las audiencias ya que apenas se han logrado cinco condenas en seis años. Se investigan más de 46.000 delitos. Simón Gaviria tiene debajo del brazo un proyecto distinto para empujar la ley. Roy Barreras tiene una reforma constitucional para que el presidente pueda iniciar procesos de desmovilización con la guerrilla. Una comisión de reconciliación no se le niega a nadie. El Gobierno recibe los proyectos con sonrisas, quizá no sirvan para resolver los problemas pero sí para levantar esperanzas e intentar una audacia.
Nos aburrimos muy pronto aplicando las leyes y nos dedicamos a firmar unas nuevas. Es más fácil intentar correcciones al marco legal que impedir que haya 15.000 inscritos en Justicia y Paz que llegaron desde el subempleo sólo a cobrar un sueldo. O que más de 2.000 hayan sido asesinados en las ciudades y 5.300 estén de nuevo en las cárceles. No creo que eso se corrija con filigrana legal. Se necesita sobre todo algo de realismo, mucha fiscalía, plata y un Estado concentrado en los líos de las viejas leyes y no en el brillo de las nuevas. Los congresistas, por su parte, deberían legislar más para el país y menos para el Gobierno.
REVISTA SEMANA
CADENA PERPETUA: ¿LA QUINTA SERÁ LA VENCIDA?
Los promotores anuncian como 'plan b' recoger más firmas para que el referendo no tenga que pasar por la aprobación del Congreso. Sería el quinto intento para imponer la 'pena máxima' para violadores de menores en la legislación nacional.
La senadora Gilma Jiménez (Partido Verde) y los promotores del referendo para imponer hasta la cadena perpetua para violadores y agresores de menores, sufrieron su más fuerte revés en el Congreso.
Sus argumentos, muy controvertidos, fueron derrotados de forma contundente en la Comisión Primera de la Cámara, donde 14 representantes (de 24 que votaron) pidieron archivar la iniciativa.
Sin embargo, los promotores insistirán en su intento para que la legislación colombiana pueda imponer la pena máxima cuando se trate de delitos contra menores.
Anunciaron que saldrán a las calles para conseguir más de tres millones de firmas para saltarse el paso de la aprobación del Congreso, donde será muy difícil que una iniciativa de esta naturaleza vuelva a prosperar.
Ese ‘plan b’ fue anunciado por la senadora Jiménez este martes, quien se acogió al artículo 32 de la Ley 134 de 1994, que señala que basta con recoger firmas que superen el 10 por ciento del censo electoral para que el pueblo colombiano pueda ser consultado directamente.
“Saldremos a las calles a recoger tres millones de firmas para convocar directamente al referendo. (…) Los que pensaron que hoy terminaba, hoy comienza otra fase de esta causa. No existe ninguna probabilidad de que paremos, por más reveses que se tengan”, dijo Jiménez al anunciar que el primer paso será consultar con la Registraduría para establecer cuántas firmas harían falta y desde cuándo corren los seis meses para presentarlas.
En consecuencia, la principal bandera política de Jiménez -clave en su ascenso político del Concejo de Bogotá al Congreso de la República- tendrá un nuevo impulso.
Y a pesar de los numerosos argumentos, incluidos los de la fiscal general y el procurador, que advertían la no conveniencia de la cadena perpetua, Jiménez y los promotores intentan que sea el pueblo colombiano, mediante consulta, el que pueda cambiar directamente la Constitución.
“Aquí hay un mandato constitucional que es el derecho que tenemos los colombianos a modificar, mediante una iniciativa popular, la Constitución. Algunas personas no quisieron entenderlo. Pero la norma fue tan sabia, que si una iniciativa popular no prosperaba en una corporación pública, directamente el pueblo colombiano lo puede hacer. El gran temor que hay (en el Congreso) es que prospere una iniciativa popular. A que quede el antecedente que el pueblo colombiano puede modificar su propia Constitución. Eso es lo más legítimo en una democracia”, concluyó Jiménez.
El cuarto traspié
Los dolorosos hechos como la muerte de Santiago Pelayo, secuestrado y asesinado por su propio padre en octubre del 2008, motivaron a que en el Congreso se impulsaran iniciativas como la del referendo para establecer la cadena perpetua.
Antes (2006 y 2008) habían cursado dos actos legislativos, de origen congresional, que buscaban modificar la Constitución para establecer la cadena perpetua. Ambos se hundieron en la Comisión Primera del Senado.
Pero fue en el 2008 cuando congresistas como Simón Gaviria y David Luna (en ese entonces del movimiento político ‘Por el país que soñamos’), apoyados por la entonces concejal Gilma Jiménez, decidieron recoger firmas para respaldar la iniciativa en el Congreso. Entre el comité de promotores de ese proyecto estaban Mario Iguarán (entonces fiscal general de la Nación), Edgardo Maya Villazón (procurador general) y Elvira Forero (directora del ICBF).
La iniciativa popular se presentó con el respaldo de cerca de 2,5 millones de firmas. “Una movilización cívica sin precedentes”, como la calificó Simón Gaviria, uno de sus promotores. La recolección de firmas costó 30.000 millones de pesos.
El proyecto superó favorablemente sus cuatro debates en el Congreso, pero durante su trámite la pregunta fue modificada por el Legislativo. Esa fue una de las razones para que la Corte Constitucional, en el año 2010, declarara inexequible el proyecto.
Ese mismo año los promotores revivieron el proceso y volvieron a tramitarlo en el Congreso. Pero el ambiente político que encontró la iniciativa fue más adverso. El referendo superó sus dos primeros debates en el Senado, con las votaciones mínimas. Tanto en Comisión Primera como en plenaria, el proyecto pasó ‘raspando’.
Hasta este martes 13 de septiembre, cuando la Comisión Primera de la Cámara decidió el archivo de la iniciativa. Los partidos políticos dividieron sus posturas, dejaron en libertad a sus representantes y decidieron acabar el trámite de la cadena perpetua.
Pero el 'plan b' está listo. Será la Registraduría la que certifique el nuevo paso que deberán seguir los promotores. El debate sobre la cadena perpetua como castigo para agresores de menores tendrá un quinto capítulo.
CASOS DE IRREGULARIDADES EN IPS CON SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA FUERON TRASLADADOS A LA FISCALÍA
La decisión se toma después de analizar los problemas que encontraron en el 90 por ciento de clínicas y hospitales que atienden enfermos con cáncer.
La Procuraduría trasladó a la Fiscalía General de la Nación el informe de la actuación preventiva que realizó para verificar cómo las entidades públicas ejercieron su trabajo de inspección, vigilancia y control en clínicas y hospitales que prestan servicios farmacéuticos, en particular, aquellos relacionados con quimioterapias.
El informe que elaboró el Ministerio Público se realizó luego de recibir una denuncia de una joven de 18 años, quien tenía dudas sobre la eficacia de las quimioterapias a las que fue sometida como parte del tratamiento del cáncer que padece (linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular).
La historia de Laura Paola Rivera, publicada en la edición 1532 de la revista SEMANA, llevó a investigar al centro de salud en el que fue atendida. Se encontró, según la Procuraduría, que no tenía la certificación del INVIMA "para llevar a cabo la preparación de mezclas oncológicas", razón por la cual, como medida sanitaria, se ordenó cerrar esta área del centro médico.
En la acción preventiva, la Procuraduría encontró un panorama “alarmante”: el 90 por ciento de las 390 Instituciones Prestadoras del Servicio (IPS) que ofrecen servicios de quimioterapia “operan sin haber sido certificados por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)”.
Para el Ministerio Público, la situación pone en evidencia los riesgo a los que son sometidos miles de pacientes diagnosticados con cáncer que deben recibir tratamiento para esa enfermedad.
En la investigación, la Procuraduría estableció además que en varios casos el INVIMA realizó las visitas y encontró que las IPS no cumplían requisitos, y si bien no les expidió certificación, tampoco aplicó la medida sanitaria de cierre temporal o definitivo, como era su obligación, permitiendo que continuaran funcionando en condiciones fuera de la ley”.
La Procuraduría cuestiona por qué el INVIMA ha sido “selectivo” en la aplicación de las medidas sanitarias a las IPS que no cumplen con los requerimientos legales.
La procuradora delegada, María Eugenia Carreño Gómez, informó que se indaga sobre las razones por las cuales las EPS contrataron servicios con IPS que no tienen certificación del INVIMA.
El informe también fue trasladado al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia de Salud.